En pleno 2026, tener acceso a una conexión de calidad es imprescindible para estudiar, trabajar, hacer trámites con la administración o mantener relaciones sociales. Pero disponer de cobertura de fibra en un municipio no significa necesariamente que todos los hogares estén conectados.
Esta es una de las principales denuncias de que alertamos en Somos Conexión: las cifras agregadas de cobertura pueden esconder una realidad muy diferente en masías, viviendas diseminadas, urbanizaciones y pequeños núcleos rurales.
“Estar desconectado equivale a estar excluido de la educación, el trabajo, la gestión administrativa y la vida social”, explica Dídac Canals, técnico de la cooperativa. Para nosotras la conectividad ya no se puede entender únicamente como un servicio comercial, sino como una infraestructura esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.
Tener cobertura y estar conectado no es lo mismo
Cataluña presenta unas cifras elevadas de cobertura de fibra, pero estos datos no siempre permiten ver qué pasa en la última milla, es decir, en el tramo final que tiene que conectar la red con cada vivienda.
Según Canals, una parte del problema es precisamente la manera como se contabiliza la cobertura. “Las estadísticas oficiales suelen ser un espejismo porque contabilizan municipios o códigos postales como ‘cubiertos’ por el simple hecho que la fibra llega al ayuntamiento o en la plaza mayor”, señala.
Un municipio puede tener fibra sobre el papel mientras algunos hogares diseminados continúan sin una conexión de calidad.
Esta situación hace que haya municipios que aparecen como conectados mientras determinadas hogares continúan sin fibra o dependen de conexiones de menor calidad.
El problema es especialmente evidente en zonas con baja densidad de población, donde desplegar infraestructura para llegar a pocos hogares puede tener un retorno económico muy reducido. “Echar un par de palos hasta casa suya no entra en los cálculos de los grandes operadores”, señala.
Cuando el mercado decide donde llega la fibra
Para nosotros, esta es la principal contradicción del modelo actual: la infraestructura que permite participar plenamente de la sociedad digital continúa dependiendo, en buena parte, de criterios de rentabilidad empresarial.
“El libre mercado ha demostrado ser un fracaso para garantizar la universalidad porque su única brújula es el beneficio económico a corto plazo, no la cohesión territorial ni la justicia social”, comenta Dídac.
En las zonas urbanas, donde hay una elevada concentración de personas usuarias, varias operadoras pueden encontrar incentivos para desplegar sus redes. En cambio, en determinadas zonas rurales el cálculo es diferente. Cuanto menos hogares hay por kilómetro de red, más difícil es recuperar la inversión. Y esto puede dejar fuera precisamente las personas que viven en los puntos más dispersos del territorio.
Un monopolio de facto en algunos municipios
La carencia de infraestructura también tiene consecuencias sobre la competencia. En algunos pequeños municipios, la existencia de una única red disponible limita la capacidad de las familias para escoger operador.
Mecanismos reguladores como NEBA, impulsados para facilitar que diferentes operadoras puedan utilizar redes existentes, pueden favorecer la competencia, pero tienen una limitación: solo funcionan allá donde la infraestructura ya existe.
La baja rentabilidad del despliegue hace que las grandes operadoras dejen fuera viviendas aisladas y pequeños núcleos rurales.
Por eso, la cooperativa considera que el debate no se tendría que limitar a cuántas operadoras ofrecen servicios, sino también a quienes despliega, controla y gestiona la infraestructura física.
Una red para todo el mundo
Desde Somos Conexión defendemos avanzar hacia un modelo de redes abiertas y compartidas, en que la infraestructura física sea neutral y pueda ser utilizada por diferentes operadores. Un modelo donde la red física sea una infraestructura neutral de titularidad pública o mancomunada, como las carreteras.
La propuesta separaría la infraestructura de la comercialización de los servicios: una misma red podría dar servicio a diferentes operadoras, que competirían en sus ofertas sin tener que construir infraestructuras paralelas.
Para la cooperativa, este modelo también permitiría reducir la duplicación de cables, palos y equipaciones. Es un despropósito absurdo e insostenible duplicar o triplicar infraestructuras paralelas. Para Canals, la infraestructura tendría que ser “única, neutral y de acceso común”.
Dinero público, pero zonas todavía desconectadas
El despliegue de fibra también ha recibido importantes recursos públicos durante los últimos años, pero Somos Conexión considera que habría que fiscalizar mejor qué impacto tienen estas inversiones sobre las zonas más desatendidas.
La cooperativa critica que determinadas infraestructuras públicas lleguen a los municipios sin resolver necesariamente la conexión de las viviendas más alejadas. “Hay dinero y tecnología, pero falla la voluntad política de planificar desde la base”, defiende Canals.
La cooperativa apuesta por redes abiertas y compartidas que permitan conectar más territorio sin duplicar infraestructuras.
En este sentido, reclama que los ayuntamientos dispongan de mecanismos más ágiles para identificar las llamadas zonas grises, donde la cobertura es insuficiente, y reclamar actuaciones concretas.
También pide un control más estricto de los fondos destinados a reducir la brecha digital. “Ha faltado un rigor extremo en el seguimiento del impacto real”, afirma.
El satélite como último recurso
Cuando la fibra no llega y la cobertura móvil tampoco ofrece una alternativa suficiente, las conexiones por satélite pueden convertirse en la única opción para algunas viviendas rurales.
Estamos hablando de “feudalismo tecnológico” para describir una situación en que las personas que viven en zonas rurales dependen de empresas externas para acceder a una conexión que consideran básica.
El debate, por lo tanto, no es solo sobre el precio de la conexión, sino también sobre la soberanía y el control de las infraestructuras digitales.
De la resistencia a una alternativa
Ante este escenario, reivindicamos la experiencia de proyectos de economía social y solidaria como Guifi.net, Punt d’Acces así como Somos Conexión.
Todas estas iniciativas intentamos dar respuesta a territorios donde el mercado no encuentra bastantes incentivos para desplegar infraestructura. “La economía social y solidaria es capaz de llevar la fibra donde el capitalismo no quiere llegar”, afirma Canals.
El reto para nosotros es conseguir que estas experiencias dejen de ser una respuesta puntual y puedan formar parte de un modelo estructural de conectividad. Por eso reclamamos más planificación pública, infraestructuras compartidas y participación de las comunidades locales.
En un momento en que cada vez más actividades dependen de internet, el debate sobre la brecha digital rural ya no es solo una cuestión de cobertura. Es la diferencia entre aparecer conectado en un mapa y poder estar realmente conectado desde casa.
Comparte en redes sociales